Se reúne Senado, definen pregunta para revocación de mandato


Este lunes se reúnen comisiones de Unidad de Gobernación y Estudios Legislativos para discutir el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato, en la que ya se define la propuesta de pregunta que se le hará a los ciudadanos para la permanencia o no del cargo del Ejecutivo.


En esta se escribirá el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. “La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser: ¿Estás de acuerdo en que [Andrés Manuel López Obrador], Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”, se propone en el proyecto de dictamen al que MILENIO tuvo acceso.


En el documento de 91 cuartillas, se añade que los cuadros en la boleta para el “Sí” y para el “No”, debe estar colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por la ciudadanía al momento de emitir su voto. También se propone que el INE debe instalar el mismo número de casillas que fueron determinadas para la jornada electoral inmediata anterior, “porque consideramos indispensable que la ciudadanía acceda a las casillas cercanas a su domicilio”.


En el proyecto de dictamen para normar este ejercicio de participación ciudadana, que iniciará en noviembre y concluirá en marzo próximo, fue elaborado por las comisiones a partir de las iniciativas presentadas por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de la priista, Claudia Ruiz Massieu; del panista, Damián Zepeda; del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera; así como de los grupo parlamentarios parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y de Morena.


Se establece que el presupuesto actual del INE es 19 mil 593 millones de pesos, costando con toda proporción guardada a la ciudadanía por casilla —que son un total de 162 mil 315 instaladas— un costo de poco más de 120 mil 709 pesos por casilla instalada.

Se señala, que lo anterior implica que es posible la instalación de casilla con un costo miles de veces menor al planteado con un alcance mucho más claro y preciso, por lo que se propone el siguiente texto en el artículo 39.


“El Instituto Nacional Electoral garantizará la integración de nuevas mesas directivas de casilla para la jornada de revocación de mandato, compuestas por ciudadanas y ciudadanos a razón de un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, en los términos que establezca la Ley General.


No obstante, el Instituto podrá hacer las sustituciones que resulten necesarias, de conformidad con el procedimiento señalado en la legislación”. Dónde se han presentado algunas diferencias es en el apartado de las sanciones a los servidores públicos que promocionen la revocación de mandato o paguen propaganda en radio y televisión.


Las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano remiten al texto constitucional, pero la propuesta de la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu incluye la aplicación de multas de 10 mil UMAs, suspensión de derechos políticos en los siguientes tres procesos electorales, destitución del servidor público o su inhabilitación hasta por 20 años.


Incluso, la sanción que Ruiz Massieu propone para el Presidente de la República por hablar de la revocación de mandato, promover sus programas de gobierno o contratar publicidad es ser sometido a juicio político.


Se establece que la jornada de votación se celebrará el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la emisión de la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales, de conformidad con la convocatoria que al efecto emita el Consejo General.


Sin embargo, en los artículos transitorios se deja en claro que en el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato de la persona titular de la Presidencia de la República electa para el periodo constitucional 2018-2024, el proceso de revocación de mandato se llevará conforme a los plazos previsto en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución.