Movimientos sociales declaran la guerra al estado de derecho y al gobierno de Puebla


El día 8 de agosto se llevó a cabo el allanamiento de las instalaciones de la empresa Bonafont, ante la presencia e inacción de las autoridades. Lo que inició como una protesta pacífica, rápidamente se tornó en actos vandálicos y violentos que pusieron en riesgo a personal de seguridad y habitantes de la comunidad aledaña. Recientemente, en Puebla se han visto dos ejemplos preocupantes de movimientos sociales que le han declarado la guerra al estado de derecho y al gobierno del estado y, al parecer, esto apenas comienza.


El aumento de la tensión en la comunidad Juan C. Bonilla por la toma ilegal de planta industrial se da el mismo día que empezó a circular de forma viral un video donde se advierte la agresión física a policías estatales de Puebla, el 4 de agosto, por parte de grupos de choque en Xonacatepec.


El conato de violencia se dio luego de que los policías quisieran detener a ‘huachigaseros’ de la junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec y vinculados al grupo de Pueblos Unidos. En los videos que circulan se observa cómo ante el intento de detener a los vendedores ilegales de gas, personas que parecen ser los líderes incitan a la pobladores a agredir a los uniformados.


La misma situación estuvo a punto de vivirse el día de ayer en la comunidad de Juan C. Bonilla, pues en un claro intento de confrontación con autoridades, se incendiaron refacciones, propiciando el riesgo de un fuerte incendio y se trató de intimidar a policías para no frenar las acciones.


Lo acontecido en ambas localidades fue un claro desacato al estado de derecho y a las autoridades. En Bonilla había presencia de fuerzas de seguridad, pese a ello se tomaron las instalaciones, mientras en Xonacatepec se realizaron agresiones sin temor a las repercusiones. Ambos casos sientan precedentes muy peligrosos en términos de actos violentos por parte de movimientos sociales y de inacción por parte del estado.


Los grupos de choque pertenecientes a Pueblos Unidos exigían la presentación de autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno de Puebla. No obstante, mencionan desconocer todos los documentos e información técnica presentada por la empresa y dichas dependencias de gobierno, por lo que las exigencias se han tornado más hacia la extorsión que hacia el diálogo.


Estas acciones generan incentivos perversos para este y otros grupos por la impunidad que significa violentar el estado de derecho, atentar contra la gobernabilidad y en última instancia el transgredir la propiedad privada. Por ejemplo, se ha convocado a tomar las siguientes instalaciones: Nestlé, en Tlahuapan; Volkswagen, en Coronango y Cuautlancingo; Hylsa, en San Miguel Xoxtla; y PEMEX, en San Martín Texmelucan.


El surgimiento de estos grupos violentos levanta preocupación por la forma que se ocupa a la población civil, bajo causas sociales, para realizar actos ilegales y que violentan el Estado de derecho. A sabiendas del riesgo que implica vincular a la población y bajo ese manto de protección es que se han planteado el tomar más complejos industriales en la zona y “reivindicar” necesidades de la población.